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ODS8. Países refrendaron su compromiso con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo para enfrentar la actual crisis y avanzar hacia una recuperación transformadora con la igualdad en el centro

Autoridades y funcionarios internacionales participaron  en la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el marco del XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe organizado en conjunto con el PNUD

18-01-2021

 La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARSDI), aprobada en 2019 y cuyos ejes se han tornado prioritarios durante la crisis del COVID-19, puede contribuir no solo a enfrentar la actual emergencia sino también a avanzar hacia una recuperación transformadora con la igualdad en el centro, de la mano del intercambio de experiencias y de la cooperación solidaria entre los países de América Latina y el Caribe, plantearon autoridades y funcionarios durante la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

El encuentro, realizado de forma virtual, fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar de México, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL.

En la cita participaron 35 delegaciones de Estados miembros y asociados de la CEPAL, representadas por 18 ministros y ministras, dos viceministros y 15 altas autoridades de Desarrollo Social.

“La desigualdad define a nuestra región. Las medidas implementadas por los gobiernos permitieron mitigar parcialmente el impacto social de la crisis del COVID-19. Los sistemas de protección social tienen un rol central en esta coyuntura histórica”, sostuvo Alicia Bárcena, quien enfatizó que para conectar la emergencia con la recuperación es necesario poner el acento en la vacunación de toda la población, en políticas fiscales y monetarias expansivas, en la creación de empleos orientados a la sostenibilidad ambiental y en la ampliación de la integración y cooperación regional.

Luis Felipe López-Calva, del PNUD, planteó, por su parte, que “el camino de la recuperación de la crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe dependerá de la capacidad institucional de adquirir y administrar vacunas, de tener un manejo fiscal de calidad, de tener acceso al financiamiento y de poder establecer elementos de gobernanza efectiva. El reto es enorme”.

“Esta reunión nos ofrece la oportunidad de unir esfuerzos y potenciar las sinergias entre los diferentes actores que trabajan para la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, con un enfoque centrado en la dimensión humana y que fomente la cooperación Sur-Sur. Hacemos un llamado a consolidar un plan de trabajo 2021 a la brevedad, mediante el cual podamos obtener soluciones en los ejes de la Agenda Regional. Estamos convencidos de la importancia de seguir trabajando en el diseño de una nueva generación de políticas sociales, que sean más transversales, universales y sostenibles”, dijo Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar de México.

Tras la apertura, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL hizo una presentación titulada “Desafíos sociales y Agenda de Desarrollo Social Inclusivo en tiempos del COVID-19 donde explicó que en 2020 los países de la región tomaron 263 medidas de protección social de emergencia para enfrentar la pandemia, permitiendo mitigar parcialmente el impacto social de la crisis.

"Las transferencias monetarias y en especies realizadas por los países, que se pueden consultar en el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL, cubrieron alrededor de la mitad de la población regional, con un costo equivalente a dos veces el gasto anual en programas de transferencias condicionadas y pensiones sociales" especificó Bárcena.

La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, aprobada en octubre de 2019 en México en el marco de la Tercera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, es un instrumento técnico y político que promueve la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Incluye 56 líneas de acción ordenadas en cuatro ejes: 1) sistemas de protección social universales e integrales; 2) políticas de inclusión social y laboral; 3) una institucionalidad social fortalecida, y 4) la cooperación y la integración regional. 

En la actual coyuntura se propone concentrarse en cinco propuestas: extender el ingreso básico de emergencia; impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres; invertir 1% del PIB anualmente en una canasta básica digital; negociar gasto público con políticas fiscales activas; y repensar los sistemas de protección social.

“Queremos avanzar hacia un Estado de bienestar que garantice derechos y construya capacidades. La Agenda 2030 y la ARDSI son más válidas que nunca, pero enfrentan enormes desafíos”, dijo Bárcena. “Necesitamos construir consensos para políticas universales, redistributivas y solidarias. Ningún avance será posible sin pactos fiscales y sociales que posibiliten la cohesión y fortalezcan la democracia, con participación y real sentido de pertenencia de todos y todas”, concluyó.

Durante la reunión, los países participantes aprobaron la propuesta de plan de trabajo para la implementación de la ARSDI, que seguirá siendo discutida en la Cuarta Reunión de la Conferencia que se realizará de forma virtual en noviembre de 2021 con el Gobierno de Antigua y Barbuda como anfitrión, oportunidad en la que se examinará la profundidad de los efectos del COVID-19 en la población.

La Cuarta Reunión de la Mesa Directiva se realizó en el marco del XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizado por el PNUD, el Gobierno de Colombia y la CEPAL entre el 12 y el 14 de enero.